Desde 2015 los salvadoreños y salvadoreñas percibieron un aumento del 5% en sus facturas de telecomunicaciones y productos de telefonía, un impuesto que impuso el gobierno del FMLN para frenar la delincuencia pero fracasó en el intento.
A pesar de que los altos índices de violencia están presentes, el gobierno sigue cobrando el dinero que recauda del impuesto que le recetó a la población.
En las última semanas la delincuencia se ha intensificado y las autoridades siguen mostrando su vulnerabilidad ante los hechos de sangre.
Al menos 17 policías han sido asesinados en lo que va del año, asó como 1,006 salvadoreños más.
Este impuesto es uno de los legados que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén deja al país.
