El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha impuesto desde su creación un total de $201,197,64 en multas a funcionarios de varias instituciones estatales por no brindar la información requerida por los ciudadanos. Sin embargo, la mayoría no han sido pagadas y se ha buscado diferentes formas para no hacerlo.
Según el artículo 77 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las sanciones que el IAIP emita debe asumirlas el titular de la organización con capacidad de tomar decisiones, sin embargo, un total 35 entidades del gobierno del FMLN han sido sancionadas por el IAIP por ese monto global, tras procesos administrativo por negar datos e información oficiosa a ciudadanos que se la solicitaron.
Entre las instancias de gobierno que se han negado a dar información, está el caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), a la que se le impuso una multa de $63,875.70 por negar información a un periodista que solicitó copias de actas de reuniones del comité ejecutivo 2014-2018, y también de contratos de derechos televisivos de la selección mayor con las empresas Media World e Imagina US.
Otro caso, es el del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y 13 directivos también fueron multados en septiembre de 2013 con $9,324,00, pero desde esa fecha no han pagado por negar datos sobre los asesores legislativos. El caso está en manos de la Sala de lo Contencioso, según datos proporcionados por el IAIP a la prensa.
Otros casos son los del ministerio de Economía tiene desde marzo de 2016 una multa por pagar de $8,809,50, pero hasta la fecha no la ha pagado, de acuerdo al documento del IAIP.
En julio de 2013 el IAIP multó al rector de la Universidad de El Salvador, pero también se fue a la Sala de lo Contencioso, en un intento por no pagar la sanción de $8,964,00 al negar información pública.
Por su parte, el presidente del IAIP, René Eduardo Cárcamo, dijo que para evitar que estas instituciones y sus funcionarios se queden sin cumplir lo resuelto por el IAIP, se ha creado una unidad que se encarga de verificar que sus fallos sean cumplidos.