Luego de que el gobierno del FMLN diera la orden para que se destruyeran miles de documentos importantes, la Secretaría de Inclusión Social (SIS) emite un comunicado en el que pretende culpar a empleados de botar la papelería que podría evidenciar delitos cometidos por la institución.
La SIS informó que está preparando «informes» a cada una de las unidades de trabajo y pide que se deduzcan responsabilidades en forma individual.
Sin embargo, fueron los mismos empleados los que denunciaron haber recibido órdenes de destruir la documentación, la cual fue depositada en basureros cercanos a la Residencia Presidencial.
La Fiscalía allanó ayer a la SIS a manera de iniciar una investigación.
