La comunidad internacional se ha mostrado preocupada por las constantes amenazas a la estabilidad, la seguridad jurídica y operativa de las empresas centroamericanas en Nicaragua.
Las dinámicas gubernamentales hacen que la palabra “expropiación” se convierta en una probabilidad que amenaza la libre empresa.
Recientemente, se ha conocido a través de medios internacionales que la empresa envasadora de gas licuado Tomza, de origen guatemalteco y con presencia en diferentes países de Centroamérica; es una de las últimas empresas expropiadas por dicho gobierno.
Según la información, en los últimos meses, la empresa fue custodiada por la Policía Nacional de Nicaragua, bajo una dinámica gubernamental aplicada a otras empresas privadas que han sido expropiadas por el Gobierno de Daniel Ortega.
El pasado 8 de marzo personeros de una empresa petrolera nicaragüense se presentaron en las instalaciones para efectuar cambios y adecuaciones en la infraestructura, pintando las paredes de colores oficiales y apropiándose de la planta.
Documentos oficiales destacan que “en la certificación de la Resolución 350-2020 de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones se lee que el inmueble tiene un área de 84,601.487 metros cuadrados menciona que 77,714.42, delineada a favor de Corporación Tomza, S. A, y que el área 12,042.69 mts cuadrados cuadrados pertenecen al Estado de la República de Nicaragua, que es exactamente el área delimitada con el muro perimetral dentro del cual están las instalaciones”.
Por ende, será el gobierno nicaragüense el que gozará de los beneficios logrados por la empresa Tomza, en cuanto a infraestructura y condiciones operativas, ya que las instalaciones tienen todas las condiciones para su funcionamiento.
La expropiación de bienes es un derecho público, constitucional y administrativo de la nación, que se concreta en la transferencia de la propiedad privada desde al Estado; interviene también, una serie de garantías y derechos para las empresas, que por años han generado fuentes de empleo en la nación.
La nación ha registrado casos similares, desde el 2018 con los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial de Nicaragua, cerrados y quienes catalogaron de “robo y expropiación”, a la administración de Daniel Ortega, incluyendo la orden de colocar rótulos en los exteriores de las sedes de las empresas de comunicación que permanecen tomadas por la Policía Nacional.
Dichos medios fueron señalados en su exterior con carteles donde se lee que los edificios pasarán a manos del Estado, pese a que legalmente no existe ningún fallo que así lo justifique.
En Centroamérica, diferentes empresas han sufrido en cuanto a explotación de recursos naturales, como la minería, hidroeléctricas e hidrocarburos, además de la expropiación de frecuencias de televisión, radio, telefonía e Internet. Los fallos judiciales adversos a las empresas, los conflictos sociales y políticos y además de los problemas económicos y fiscales, sobre todo tras la pandemia de COVID-19, son algunos de los factores que entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en la región Centroamérica, con ello, la falta de crecimiento económico.
