El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua respondió a la solicitud de extradición de Mauricio Funes que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, hace pocos días.
La dictadura de Ortega fiel aliado del FMLN, respondió que el expresidente del FMLN reclamado por la justicia salvadoreña, goza de asilo político junto a su familia, por lo cual, la mencionada solicitud es improcedente.
«Al respecto, se hace del conocimiento que Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, de conformidad a Resolución Ministerial No. 073-2016 de este Ministerio, les fue otorgado Asilo Político, con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, Convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político», dice una correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua enviada a la Embajada de El Salvador, el 28 de marzo de 2019.
Con esta negativa, el mandatario nicaragüense niega a la justicia salvadoreña proceder legalmente contra el exmandatario, gracias a una gestión del FMLN, quien fue el que intercedió ante la dictadura de Ortega, para que Funes no pueda ser detenido, a pesar de los acuerdos internacionales.
Funes es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber malversado $351 millones de fondos públicos y otros cuatro procesos judiciales por sobornos, peculado y lavado de dinero.
A principios de abril, la policía de Costa Rica detuvo a Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de la compañera de vida de Funes y vinculado al caso por el desvío de 351 millones. Guzmán Berdugo es requerido por la Fiscalía por lavado de dinero y la Corte salvadoreñas ya tramitó su extradición a suelo salvadoreño. La justicia de Costa Rica debe decidir si lo envía a El Salvador para que enfrente la acusación en su contra.
