Fusades ha sentado una postura con respecto a la ley que impulsa el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban en El Salvador con el fin de darle fin a la impunidad que durante años ha reinado en la historia del país.
Fusades se opone a dicha ley al afirmar que la no prescripción de los delitos de corrupción son inconstitucionales, dejando en evidencia su apoyo a los gobiernos anteriores que se aprovecharon de sus cargos para cometer delitos.
La fundación toma como base el artículo 15 de la Constitución de la República, la cual fue elaborada en una realidad muy distinta a la actual y la cual ha sido utilizada para proteger a la oligarquía.
La Carta Magna también ha sido utilizada a favor de los partidos tradicionales sin importar el derecho a la vida de los ciudadanos, tal como ocurrió durante el confinamiento por el COVID-19, el cual fue saboteado para priorizar la economía.
