En 2015, el gobierno del FMLN tomó la polémica decisión de vender el 80% de las reservas de oro de El Salvador, lo que representó una pérdida de activos nacionales sin un destino claro para los recursos.
Esta operación financiera, que recaudó $206 millones, fue criticada por sus efectos negativos en la economía, como el aumento de la inflación y la desconfianza en los mercados.
Según expertos como el analista Nelson Flores, la venta de las reservas afectó la estabilidad financiera del país, limitando la capacidad del gobierno para obtener créditos internacionales y deteriorando la confianza de los organismos financieros globales.
Este movimiento se produjo en un contexto de crisis económica, que culminó con la emergencia económica declarada en 2016 por la falta de liquidez para pagar compromisos de gasto público.
