Desde al menos 2018, la empresa ALBA Petróleos administrada por dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es investigada en El Salvador por posible lavado de dinero; también hay investigaciones abiertas en Estados Unidos y Venezuela por la misma razón.
En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense extendió sanciones a las filiales centroamericanas de PDVSA, entre ellas Alba Petróleos.
Al finalizar el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, la debacle de Alba Petróleos fue inminente. El 31 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la República allanó 27 sedes de las sociedades ligadas a Alba Petróleos El Salvador e incautó información contable.
ALBA Petróleos quebró por la mala administración de los recursos, responsabilidad de los dirigentes del FMLN, quienes usaron mezclaron recursos estatales, personales y de inversores para sentar una empresa que, tras las derrotas electorales desde el 2018, fue perdiendo fuerza y presencia en el país, hasta desaparecer.
Sin embargo, el FMLN pretende brindar asesorías en temas económicos a la población salvadoreña sobre la Ley Bitcoin, a pesar que ignoran el funcionamiento de las criptomonedas.
