Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no está de acuerdo con que se imponga una reserva general a la información patrimonial de los funcionarios o exfuncionarios que estén siendo investigados por la sección de probidad.
Esta medida indica que no habrá acceso a esa información mientras no haya una resolución a favor o en contra de los señalados. De acuerdo Meléndez “no es apropiada” porque viola la Constitución de la República, a pesar que tuvo el aval de ocho de su colegas de Corte Plena.
Dicha reserva general está catalogada en dos momentos. Una de ellas es que no podrá darse a conocer hasta 7 años para los datos patrimoniales de los investigados; y cuando los datos patrimoniales no tengan una resolución.
Meléndez es de la opinión que no deben ser generalizadas y espera no generar fricciones dentro del máximo Órgano de Justicia con sus declaraciones en torno a este tema.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, considera que con esta medida de reserva se perderá la transparencia en los casos que están siendo investigados.
