Este jueves, la Fiscalía General de Cuba advirtió de que quienes decidan participar en las manifestaciones incurrirán en «los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir» y por lo tanto serán sancionados.
La nueva amenaza oficial tiene en cuenta «la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria», después de que «autoridades gubernamentales denegaron la solicitud presentada por algunos ciudadanos para efectuar marchas en ocho provincias del país por considerarlas ilícitas».
Esta respuesta del Gobierno, que fundamenta sus razones en el artículo 156 de la Constitución, referido a funciones de la Fiscalía como «velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna», llega el mismo día en que miembros del grupo Archipiélago fueron citados a las fiscalías de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín, donde los promotores de las marchas entregaron en su momento documentos similares para notificar esa actividad a las autoridades locales.
