La Fiscalía General de la República (FGR) informó que acompaña la decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador que abre el proceso penal en contra del capitán Álvaro Rafael Saravia, único imputado por el homicidio agravado del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.
El ministerio público declaró que participará de las diligencias pertinentes para la investigación del delito y que si en ese proceso surgen más pruebas para acusar a otras personas, autores materiales o intelectuales, estas “deben ligarse a la causa”.
La resolución del juez de Instrucción responde a la derogatoria de la Ley de Amnistía, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016, que permite desbloquear el sobreseimiento definitivo y dar “cumplida justicia” a las víctimas del magnicidio del beato salvadoreño.
El pasado 22 de marzo, el hermano de monseñor, Gaspar Romero Galdámez, autorizó a los abogados de la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador “Doctora María Julia Hernández” solicitar la reapertura del caso del asesinato del beato salvadoreño.
El familiar de Romero presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abogando por conocer la verdad tras el magnicidio del jerarca católico perpetrado el 24 de marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte, quien ejecutó el plan homicida mientras Romero oficiaba un misa en la capilla del Hospital de Cáncer “Divina Providencia”, en San Salvador.
Romero fue nombrado beato de la Iglesia Católica en mayo de 2015 y actualmente continúa un proceso de santificación
