Para avalar la investigación sobre la compra de terrenos propiedad del IPSFA por parte del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, solicitó en noviembre de 2019 a la Corte de Cuentas que volviera a realizar una auditoría.
Efectivamente, dos meses después, la Corte de Cuentas informó a la Fiscalía que había encontrado irregularidades en la compra de cinco lotes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ubicados en la Residencial Greenside, Nuevo Cuscatlán, La Libertad.
Reyes compró los terrenos aprovechando una crisis financiera de dicha entidad. El precio de los inmuebles tuvo una reducción inexplicablemente de $190 mil.
Al ahondar las investigaciones, la Fiscalía determinó que la empresa Terrein, propiedad de Reyes y de su socio y asesor en la Asamblea Legislativa Byron Larrazabal, tenia otros proyectos urbanísticos en San Salvador y Sonsonate, en los que se detectaron transacciones ilegales que desembocaron en delitos.
Fiscal Melara ordenó la detención de la estructura liderada por Sigfrido Reyes acusada de lavar más de $6 millones. El 9 de enero, cuando el Juzgado 12 de paz ordenó la captura de Reyes por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa, no fue localizado en El Salvador y su paradero en el extranjero aún es desconocido.
