La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz informó que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger a todos los trabajadores del Ministerio Público.
Ortega Díaz hizo esta solicitud días después de que la directora de delitos comunes del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Marisela Lucena, informara de que la sede principal de esa institución, ubicada en Caracas, y sus funcionaros han sido «objeto de asedio» y recibido «amenazas» por parte de simpatizantes del oficialismo.
Fue ella la primera en denunciar la «ruptura del orden constitucional», cuando la misma Corte que hoy la quiere desplazar intentó –sin éxito- anular el Parlamento.
Ella también denunció la brutal represión de estos últimos dos meses y desmontó la teoría de que Juan Pernalete, el estudiante muerto el 27 de abril en una marcha, había sido asesinado por los opositores y probó que perdió la vida por un disparo de bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional Bolivariana.
Además, presentó dos recursos para frenar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que, a su entender, violan el derecho a voto de los Venezolanos.
