El analista Félix Ulloa, expresó que en el caso Tregua de alguna manera se actuó en base a la presión que se generó para judicializar, sin embargo, desafortunadamente no se presentaron las pruebas necesarias.
Ulloa señaló que en este proceso, las investigaciones no se orientaron a la auditoria intelectual de los hechos preponderando a los ejecutores. A juicio de Ulloa, esto se tradujo en deficiencias de la investigación.
También dijo que es posible que el juez haya adelantado criterio, y recordó que su función es únicamente resolver en el caso.
Durante la lectura de fallo el pasado martes, el juez Godofredo Salazar dijo que la Fiscalía no había hecho su mejor papel en este caso, porque ninguna de las hipótesis pudieron comprobar cómo ocurrió la introducción de un mil teléfonos celulares, si no hubo decomiso para verificar este señalamiento.
Uno de los señalamientos es que a pesar de apuntar al Director de Centros Penales, Nelson Rauda, está decisión no fue absoluta de él, sino que tuvo que ser autorizada por un superior, en este caso el ministro de Justicia, de ese entonces, David Munguía Payés.
