Durante la tarde del martes 15 de marzo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 22 años de prisión al exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero, la institución también interpuso una responsabilidad monetaria en carácter civil de $16,228,168.95.
La petición inicial realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaba que él ahora condenado fuese sentenciado a 15 años de prisión por lavado de dinero y 10 por cohecho activo (ofrecer sobornos).
Según las pruebas presentadas en su contra el exlegislador suplente del PCN, fue condenado por sobornar a 21 alcaldes y regidores, de haber creado cuatro «empresas de papel» o fachada, para lavar el dinero de la adjudicación de proyectos a través de licitaciones amañadas a cambio del 10% de cada obra otorgada.
A su vez las juezas del caso estipularon que el cohecho activo en este caso se configuró cuando el exdiputado Silva Pereira entregó dinero, como lo dijo en su testimonio el exalcalde de Berlín, Ernesto Palma, quien le entregó el 10% por la adjudicación de proyectos, dinero que salió de un préstamo que el imputado le gestionó a Palma y para la ejecución de proyectos que antes de licitarse Silva Pereira sabía qué sus empresas los iban a desarrollar.
Fue durante 2004 y 2006 cuando Silva Pereira creó empresas para ganar de forma ilegal licitaciones públicas en diferentes alcaldías, principalmente las ubicadas en el oriente del país, según las investigaciones realizadas por la FGR.
