El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tendrá que cargar con más de mil millones de dólares para pagar salarios a unos 60,000 militantes y activistas del FMLN, que fueron contratados en diferentes instituciones públicas de los tres órganos del Estado.
Según diversas fuentes, el presupuesto general de la Nación, elaborado por el Ministerio de Hacienda, fue engrosado año con año con la creación de plazas para activistas del FMLN, por órdenes de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Esta situación ha sido muy criticada por diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, especialmente por gremiales de la empresa privada, quienes han denunciado que de esos 60,000 puestos de trabajo en el aparato público, solo 20,000 desempeñan sus labores, mientras que los restantes 40,000 son activistas que solo llegan a sus dependencias el día de pago.
Esa es la razón fundamental según representantes del sector privado de que los dos gobiernos pasados hayan endeudado tanto al país, al cabo de dejarlo a marzo de este año, con una deuda pública de más de 19,200 millones de dólares.
