El miércoles por la noche la Asamblea Legislativa aprobó ocho iniciativas, a petición del Presidente Nayib Bukele, para dotar con más herramientas legales al marco jurídico para hacer frente a la lucha contra los grupos terroristas que amenazan la seguridad de la nación.
La primera reforma, avalada con 76 votos, se hizo del Código Penal, en el sentido que quien decida formar parte de las pandillas será sancionado con penas de 20 a 30 años de cárcel, de igual manera quien funja como mediador; y la pena se incrementa cuando sean líderes de las pandillas, pasando de 40 a 45 años.
Luego se procedió a incorporar la segunda medida relativa a la Ley Reguladora de las Actividades Relacionadas con las Drogas. Los pandilleros o promotores de pandillas, que fueran encontrados realizando actividades de esta índole, recibirán una condena de entre 20 y 30 años. Se avaló con 75 votos.
A su vez, el Código Procesal Penal también fue reformado en dos grandes áreas: para brindar protección a los jueces que diriman en procesos, de forma que el juez no pueda ser identificado visualmente, ni ningún documento que emita contenga datos personales; y que no sean aplicables medidas sustitutivas a la detención provisional cuando el procesado sea un pandillero o integrante de otra asociación regulada en la Ley de Proscripción de Pandillas.
Se reformó la Ley del Presupuesto General del Estado 2022, para incorporar $20 millones al ramo de la Defensa y $60 millones al de Justicia y Seguridad Pública, que servirán para comprar equipo, uniformes, vehículos y demás aditamentos, en beneficio de los elementos de seguridad que libran la Guerra Contra Pandillas.
Tanto la Ley Especial contra el Delito de Extorsión como la Ley Especial de Actos contra el Terrorismo, fueron modificadas. La primera, sostendrá una pena de 10 a 15 años de prisión por conspiración en los casos de extorsión, aumentando de 20 a 30 años si el imputado es un pandillero; y, en el caso de la segunda, los miembros de pandillas que realicen actos de terrorismo tendrá una pena por prisión de 15 a 20 años, en el caso de ser estos cabecillas será de 30 a 40 años.
Otro cuerpo normativo que se reformó fue la Ley Penal Juvenil, en el sentido de incrementar hasta 20 años la pena por el delito de agrupaciones ilícitas cuando sea cometido por un adolescente de 16 años, y de 10 cuando corresponda a uno de 12 años.
Aparte de las reformas aprobadas, también se emitió una nueva Ley de Recompensa y Eliminación de Actos de la Impunidad de Actos de Terrorismo, en aras de que se entregue una gratificación a quien dé información o aprehenda materialmente a pandilleros.
Estas reformas marcan un antes y un después en la legislación penal salvadoreña, mediante la cual, los actos de los grupos terroristas que en el pasado quedaron impunes, serán castigados con todo el peso de la ley. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele y todas sus instancias trabajan articuladamente con el objetivo de brindar seguridad y justicia a los salvadoreños.
