En los últimos años, El Salvador ha implementado el Plan Control Territorial, una estrategia gubernamental dirigida a combatir la criminalidad en el país. Este plan, que ha sido central en la gestión del Presidente Nayib Bukele, ha generado tanto elogios como críticas, especialmente por el uso del Régimen de Excepción que ha resultado en la detención masiva de miles de pandilleros. Sin embargo, organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su preocupación por la supuesta violación de derechos humanos en el marco de la estrategia.
A este escenario se suma la influencia del multimillonario George Soros, conocido por financiar iniciativas y medios que critican gobiernos democráticos a nivel global, incluyendo su colaboración con la CIDH en El Salvador.
CIDH recomienda eliminar el Plan Control Territorial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un informe en el que insta al gobierno de El Salvador a desmantelar el Régimen de Excepción implementado bajo el Plan Control Territorial. Desde su aprobación en marzo de 2022 ha resultado en la detención de 81,000 pandilleros, lo que ha generado críticas y preocupaciones por la supuesta violación de derechos humanos.
El informe de 155 páginas, publicado el 4 de septiembre, revisa detalladamente los decretos y reformas legales que sustentan el Régimen, contrastándolos con los estándares internacionales de derechos humanos. La CIDH sostiene que la suspensión de garantías constitucionales debe cesar inmediatamente, señalando que estas medidas afectan de manera desproporcionada a la población.
Además, el documento destaca las condiciones críticas dentro del sistema penitenciario salvadoreño, denunciando supuestos casos de tortura, detenciones arbitrarias y muertes en custodia por negligencia. La CIDH argumenta que estos eventos son prueba de la desconexión entre las políticas de seguridad implementadas y los derechos fundamentales que deben protegerse, instando al Estado a tomar medidas inmediatas para rectificar la situación.
George Soros y su trabajo conjunto con la CIDH
George Soros, reconocido por financiar medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales a nivel global, ha sido vinculado con la CIDH en lo que se considera un esfuerzo coordinado para desestabilizar el gobierno salvadoreño. A través de su apoyo financiero a medios como El Faro, Gato Encerrado, y otros, Soros ha sido acusado de promover una narrativa contraria a las políticas de seguridad del país.
El trabajo conjunto entre Soros y la CIDH, según críticos, se centra en utilizar el discurso de los derechos humanos para erosionar el respaldo al Plan Control Territorial. Estas organizaciones, presentadas como defensoras de la democracia y la libertad de expresión, son vistas por algunos sectores como herramientas propagandísticas que buscan manipular la opinión pública en contra del Gobierno.
A nivel internacional, Soros ha financiado iniciativas similares en otros países, utilizando su red de ONG’s y medios de comunicación para cuestionar y deslegitimar a gobiernos que considera adversos a sus intereses. En El Salvador, esta influencia es percibida como parte de un esfuerzo mayor para socavar la estabilidad del país, bajo la apariencia de defender los derechos humanos y la libertad de prensa.
Asimismo, ha brindado financiamiento a medios opositores como Gato Encerrado y El Faro, para atacar las políticas públicas del Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, al grado de falsificar y alterar documentos para engañar a la población salvadoreña de una supuesta corrupción al interior de las autoridades.
Pese a todos los esfuerzos, se ha comprobado que las supuestas pruebas que presentan estos medios son falsas y no tienen fundamento, por lo que han fallado en el intento de engañar al pueblo y desestabilizar al Gobierno.
Informe completo de la CIDH. https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/207.asp
