En los últimos años, la oposición ha perdido el apoyo total de los salvadoreños, por lo que han intentado de utilizar el sistema jurídico a su beneficio para evitar que se cumpla la voluntad del pueblo.
Para la oposición, la Constitución prohibe la reelección presidencial, a pesar que la Sala de lo Constitucional -único instituto encargado de interpretar la Carta Magna- ha dejado claro a través de una resolución que es posible que un presidente que no haya sido reelecto, pueda participar como candidato en las siguientes elecciones.
La Constitución misma asegura en su artículo 86 que el poder público y la soberanía emana del pueblo, a pesar de eso, los partidos opositores están empesinados a negar a los salvadoreños su derecho a elegir a su líder en el 2014.
La Constitución misma es un contrato social, es decir que es la unión de voluntades del pueblo, por lo que su razón de ser es regular jurídica y políticamente la voluntad de los salvadoreños, por lo que negar a los ciudadanos sus derechos, basándose en la Carta Magna, contraría la esencia y el sentido de la misma.
Durante años, ARENA y FMLN crearon y moldearon las leyes según sus beneficios y los de sus financistas, dejando de lado los intereses de la población.
Asimismo, la Constitución fue creada por una Asamblea Constituyente, de la cual su presidente fue el fundador de ARENA, el mayor Roberto d’Aubuisson en 1983.
A pesar de eso, tanto la Iglesia católica y la evangélica, junto a las verdaderas fuerzas de la sociedad civil, han respaldado al pueblo en su decisión por aceptar la reelección presidencial.
