El sistema judicial de El Salvador, se ha visto nuevamente envuelto en la polémica, despertando la indignación de la población al suspender la orden de captura contra el exdiputado de ARENA, Norman Quijano, acusado de haber financiado pandillas para recibir beneficios de parte de los grupos terroristas.
Norman Quijano, se ha visto vinculado a negociaciones con grupos de pandillas en la búsqueda de apoyo para las elecciones presidenciales de 2014, sin embargo, el día de ayer la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador lo blindó al anular la orden de captura en su contra, a pesar de haber pruebas contundentes en su contra.
Esta no es la primera vez que una Cámara resuelve a favor de exfuncionarios de ARENA y FMLN, incluso se conoció que el sistema judicial recibía pagos por parte de los gobiernos anteriores, con el objetivo de que fueran absueltos de los cargos que les imputaban. Entre estos podemos mencionar:
En febrero del 2021, la ex Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió 8 resoluciones en las que blindaba las candidaturas para las elecciones de seis políticos opositores; cinco de ARENA y uno del PDC, procesados en diversos juzgados.
Entre ellos Rodolfo Parker, señalado de encubrir la masacre de los jesuitas durante el juicio en España contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, quien fue condenado a 133 años de prisión en septiembre de este año y de haber recibido hasta 30,000 mensuales del Gobierno de Funes de manera ilícita.
La diputada de ARENA, Margarita Escobar, cuestionada por recibir sobresueldos durante se desempeñó en el cargo de Viceministra de Relaciones Exteriores en el período de 2004 a 2009.
En ese mismo mes el Juzgado de Instrucción de Ilopango liberó de cargos a alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, acusado de trasegar víveres de paquetes solidarios entregados por el Gobierno. Perdomo fue acusado por Fiscalía de peculado y malversación de fondos, debido a que supuestamente le fueron hallados en un local de su partido, ARENA.
En el 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese entonces, decidió exonerar a la exvicepresidenta y exdiputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, del delito de posible enriquecimiento ilícito, durante el periodo de su cargo como vicepresidenta de la República del mandato de Elías Antonio Saca, del 1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009, caso por el cual estaba siendo investigada en la sección de Probidad del Órgano de Justicia.
Cabe mencionar que durante su comparecencia ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos procedentes de fondos públicos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, no pudo justificar su incremento patrimonial que asciende a los $165,252.97. A pesar de que la prueba documental con la que cuenta la comisión, incluye el informe de la Sección de Probidad de la CSJ donde se concluye la persistencia de irregularidades señaladas como indicios de enriquecimiento ilícito.
