Fidel Antonio Zavala ha sido acusado de infligir tortura a su hija, Gabriela Elizabeth Pérez Rojas, en un incidente que ha dejado una marca imborrable en su víctima y ha desatado una ola de indignación pública. La agresión ocurrió el 7 de abril de 2020, cuando Zavala, tras una discusión con su exesposa, comenzó a golpear a su hija, argumentando que su comportamiento era inaceptable debido a la forma en que ella había sido criada.
La brutalidad del maltrato infantil
Según los testimonios presentados en el juicio, Zavala no solo maltrató físicamente a la menor, sino que también le infligió un daño psicológico profundo. Tras el altercado con su exesposa, el acusado la arrastró por las escaleras, la golpeó en la cara y, cuando intentó defenderse, la atacó con un sillón y patadas en el estómago, dejándola inconsciente por varios minutos.
El caso, que involucra el delito de maltrato infantil, fue calificado como típico y antijurídico, lo que llevó a la apertura a juicio contra los imputados. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que evidencian los daños físicos sufridos por la menor, tales como equimosis, cicatrices y contusiones en diversas partes del cuerpo.
Acción civil por daños morales y psicológicos
En paralelo, se ha interpuesto una acción civil en busca de reparación por los daños psicológicos y morales sufridos por la víctima. La denuncia incluye la solicitud de una indemnización por el sufrimiento que el maltrato le causó, tanto en su salud física como en su bienestar emocional.
Un antecedente alarmante: la estafa de Fidel Zavala
A este caso se suma otro frente judicial en el que Fidel Zavala enfrenta acusaciones por estafa. Cuatro personas lo acusan de engañarlas con promesas de inversión en la bolsa de valores y capital en el extranjero, una operación que involucró depósitos mensuales para garantizar altas ganancias. Tras un análisis de los hechos, se estima que Zavala debe una suma superior a los $50,000, dinero que las víctimas nunca recibieron. A pesar de las acusaciones, su defensa argumenta que se trató de un conflicto comercial y no una estafa. Este caso se mantiene en proceso y, al igual que el anterior, aún está pendiente de resolución.