El caso de la Presa El Chaparral se ha convertido en un monumento a la corrupción de los dos gobiernos del FMLN con el desvío de un aproximado de $50 millones, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
La obra inició en la gestión del expresidente y prófugo de la justicia, Mauricio Funes, a quien se le acusado de cometer Peculado, Cohecho Activo, Lavado de Dinero y Agrupaciones Ilícitas.
Funes desde Nicaragua ha insistido en su supuesta inocencia, sin embargo, la FGR analizó 2,000 documentos, entrevistó a 70 testigos y solicitó 115 asistencias internacionales para el dictamen de acusación en el caso.
El actual presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, afirmó que la corrupción de «El Chaparral» continuó en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
En septiembre de 2020, el Juzgado Noveno de Instrucción, de San Salvador, ordenó el embargo de bienes a la compañía italiana ASTALDI, por un monto de $227.7 millones debido a su involucramiento en el caso.
