El Salvador vive su momento más seguro de la historia, nunca antes se habían registrado índices de criminalidad tan bajos, logrando estar a 10 días de celebrar un año sin homicidios a nivel nacional; sin embargo, este resultado es fruto de un arduo proceso.
Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del Presidente Bukele iniciaron a mediados de 2019, cuando el Mandatario salvadoreño recién tomaba el poder, logrando reducir inmediatamente el control de las pandillas.
Además, se implementó el Régimen de Excepción, una herramienta jurídica avalada por el artículo 29 de la Constitución, con el cual se suspendieron garantías constitucionales de los terroristas para iniciar con capturas masivas.
Régimen de Excepción
El Régimen de Excepción es una figura jurídica constitucional que da la facultad al Estado de suspender las garantías fundamentales -en sentido estricto- de los pandilleros, permitiendo a las autoridades capturar a los terroristas sin una orden judicial.
El Régimen de Excepción fue decretado el 27 de marzo de 2022, luego de un alza de homicidios orquestado por las pandillas, provocando una respuesta inmediata del Gobierno para capturar a todos los pandilleros del país.
Desde la Asamblea Legislativa también se aumentaron las penas a los miembros de estructuras delictivas, desde la entrada en vigor del Régimen de Excepción se han capturado a más de 67 mil pandilleros.
Plan Control Territorial
El Plan Control Territorial fue lanzado el 20 de junio de 2019, como la principal estrategia de seguridad del Gobierno, con el cual se pretende salvaguardar la vida de los salvadoreños y combatir la criminalidad; esta medida consta de 5 fases ya aplicadas.
Fase 1: Preparación
La Fase 1 del Plan Control Territorial denominada «Preparación» inició con la recuperación del territorio, desplegando a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES); además, incluyó el componente represivo contra los terroristas.
Desde la implementación de la fase 1 del Plan Control Territorial se percibió una disminución drástica en la cantidad de homicidios en el país, en comparación con años anteriores en los que los gobiernos de ARENA y el FMLN no tomaron medidas adecuadas para frenar la delincuencia.
Fase 2: Oportunidades
Por su parte, la Fase 2 del Plan Control Territorial, denominada «Oportunidades» fue implementada el 2 de julio de 2019, siendo orientada al apoyo a los jóvenes para generar mejores condiciones y prevenir la violencia.
En esta fase, se inició la construcción e inauguración de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en los cuales se le brindó a los jóvenes todas las herramientas necesarias para desarrollarse en un ambiente de paz y tranquilidad, alejándolos de las pandillas.
Fase 3: Modernización
Con la Fase 3 del Plan Control Territorial ejecutada desde el 30 de julio de 2019, empezó la modernización de las herramientas de los cuerpos de seguridad del país, tanto de la PNC como de FAES, adquiriendo equipos útiles en excelentes condiciones para continuar con el combate a las pandillas.
En esta fase, se compraron vehículos todoterreno, nuevo armamento, herramientas de inteligencia y drones de visión nocturna con lentes que reconocían el calor, con el cual se les permitió encontrar pandilleros ocultos por su temperatura corporal.
Fase 4: Incursión
La cuarta fase del Plan Control Territorial, llamado «Incursión», entró en vigor desde el 19 de julio de 2021, ya con el apoyo jurídico del Régimen de Excepción, fue lanzado con el fin de recuperar de forma definitiva las comunidades en las que operaban los pandilleros.
Con ello, se logró determinar con exactitud el territorio que fue ocupado por los pandilleros e iniciar con las capturas masivas de los terroristas, para devolverle la tranquilidad a los habitantes de todo el país, garantizando su seguridad.
Fase 5: Extracción
La fase 5 del Plan Control Territorial ha sido la última en ser aplicada, esta medida implementada el viernes 3 de diciembre de 2022, anunciándose tras cercar completamente el municipio de Soyapango, impidiendo la salida de los pandilleros que residían en la zona, acorralándolos para asegurar la captura del 100% de los terroristas.
Asimismo, se implementaron cercos militares en los puntos de venta de drogas más importantes del país, como la Tutunichapa y la Granjita, ambos en San Salvador, capturando a los pandilleros que se encontraban en la zona y deteniendo la distribución ilegal de narcóticos.
