En el año 2018, a iniciativa del exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, la anterior legislatura aprobó el Decreto 127, el cual permitió que grandes empresas evadieran $280 millones entre 2014 y 2015.
Parker, acusado de recibir pagos indebidos con fondos públicos durante al menos dos administraciones públicas, también está involucrado en el crimen contra los sacerdotes jesuitas de la UCA (noviembre de 1989).
El Decreto que fue aprobado con 44 votos el pasado 26 de septiembre del 2018, dejó sin efecto todos los procesos tributarios correspondientes a los períodos 2014 y 2015, de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas para auditar $280 millones en impuestos a grandes empresas entre los años 2014 y 2015.
Ante esto, el Gobierno, por medio del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la verificación de una sentencia de seguimiento ordenada a la Asamblea Legislativa pasada, que al final permitió a grandes empresas evadir millones de impuestos.
De acuerdo con el Ministro Zelaya, con la aprobación de dicho Decreto «se borraron de un tajo 280 millones de dólares que estaban siendo auditados por la Dirección de Impuestos Internos en fase administrativa».
