Actualmente, Honduras continúa sufriendo a manos de las maras. A pesar de haber implementado un Estado de Excepción el pasado 20 de febrero de 2023, las extorsiones en Honduras continúan siendo uno de los principales crímenes en contra de los ciudadanos y han dejado centenares de muertos y muchos micros, pequeños y medianos negocios en la ruina.
Los transportistas y comerciantes hondureños se encuentran en constante zozobra debido a la sombra de la extorsión. «Vivimos amenazados e intimidados, ya que en el transporte uno conduce con el riesgo de ser asesinado, como ha sucedido con muchos compañeros», expresó un operario del transporte.
Extorsiones en 2022
En noviembre de 2022, diferentes sectores económicos en Honduras alzaron la voz para reclamar que la extorsión se estaba saliendo de control. El sector transporte, uno de los grupos más afectados por este delito, anunció paros del transporte público en protesta por la inseguridad general y los asesinatos de 16 operadores de transporte durante el año. Por otro lado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) publicó un comunicado señalando que, «el delito de la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras».
El año pasado, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que el 9 % de la población hondureña fue afectada por la extorsión, lo que equivale a 200 mil familias.
En consecuencia, el gobierno de Honduras, bajo la presidencia de Xiomara Castro, le declaró el 24 de noviembre «la guerra a la extorsión».
Extorsiones en 2023
A pesar del Estado de Excepción y la guerra contra la extorsión en Honduras, 27 transportistas han sido asesinados en lo que va de 2023, según dirigentes del rubo.
De acuerdo con la más reciente encuesta de la ASJ, 8.4 % de las familias hondureñas han sido víctimas de extorsión en los últimos 12 meses.
Los resultados reflejan que los departamentos con mayor tasa de extorsión, según su densidad poblacional, son Islas de la Bahía (17 %), Colón (13 %), Atlántida (12 %) y Santa Bárbara (12 %).
En la encuesta de la ASJ se destaca que el pago de extorsión se ha realizado por medio de entregas en efectivo. Sin embargo, los extorsionadores han evolucionado. Mientras la mayoría de los cobros de realizan en efectivo (60.6 %), hasta 19.7 % se realizan vía transferencia bancaría y 11.3 % por medio de billetera electrónica.
Asimismo, la ASJ afirma que un gran desafío para la investigación de la extorsión es la renuencia de las víctimas a denunciar ante las autoridades. Del total de encuestados que habían sido víctima de extorsión en los últimos 12 meses, el 21.1 % de ellos afirman haber puesto una denuncia.
En cuanto a los casos de extorsión judicializados, mientras que de 2017 a 2022 ingresaban al Poder Judicial un promedio de 38 casos al mes; durante el estado de excepción no han ingresado más de 20 casos mensualmente.
La mayoría de las denuncias de extorsión se concentran en dos municipios: el Distrito Central y San Pedro Sula. A pesar de más de 8,000 detenciones anunciadas como parte de la «guerra contra la extorsión», hasta mayo de 2023, solo se habían judicializado 86 casos de extorsión.
