El pasado 26 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 127 que “deja sin efecto todos los procesos tributarios y ejercicios impositivos referentes a los años de 2014 y de 2015, como consecuencia, la Dirección General deberá omitir las resoluciones administrativas correspondientes, en las que se ordena dejar sin efecto estos procesos y a su vez se abstienen de realizar actos ulteriores, después de la vigencia del presente decreto”.
«En nuestro país las cosas están al revés, la política fiscal es débil con los grandes contribuyentes y fuerte con los ciudadanos. El decreto 127 deja abierto el portillo para la evasión de más de $250 millones: es una defraudación a la hacienda pública», señala el analista político Roberto Cañas.
«Para que los hospitales públicos tengan medicinas, se pueda mejorar la seguridad se necesita que el país disponga de recursos. Es indispensable impulsar unas finanzas públicas sanas donde se cierre el portón de los privilegios y del delito» agrega.
Decreto 127
Para que los hospitales públicos tengan medicinas, se pueda mejorar la seguridad se necesita que el país disponga de recursos. Es indispensable impulsar unas finanzas públicas sanas donde se cierre el portón de los privilegios y del delito.https://t.co/TrHvtiNuBx pic.twitter.com/WPrSFN2F1g— Roberto Cañas (@robertocanas1) 17 de octubre de 2018
