El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que se retiró el subsidio estatal a 1,000 unidades de transporte público que no estaban operativas pero seguían recibiendo los fondos. Esta medida busca erradicar las irregularidades en el sector y asegurar una gestión transparente de los recursos públicos.
Las inspecciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Viceministerio de Transporte (VMT) desde 2019 identificaron que muchos de estos vehículos estaban abandonados en terrenos baldíos, algunos con vegetación creciendo en su interior. Aunque no prestaban servicio, continuaban cobrando el subsidio, lo que representaba un gasto innecesario para el Estado.
Según las autoridades, cada 100 buses inactivos significaban pérdidas anuales de $500,000, acumulando un total de $5 millones al año. Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de optimizar los recursos públicos y combatir las irregularidades en el sistema de transporte.
