La actual derecha salvadoreña, liderada por el entorno más cercano a Carlos Calleja, ha demostrado ser una alumna sobresaliente en el intento por secuestrar la institucionalidad, primero a través de la Fiscalía General, luego de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, a través del Tribunal Supremo Electoral. Secuestrar al Estado y convertirlo en un simple títere es un arte cuyo manual fue escrito y perfeccionado por los primeros gobiernos de ARENA en alianza con el PCN o con los partidos prostituta de turno.
Lo más grave, es que ARENA está dando los primeros pasos para convertirse justo en lo que tanto juró combatir: gobiernos y dictaduras tiránicas como la de Nicolás Maduro en Venezuela o las de Daniel Ortega en Nicaragua, quienes están arropados por un aura de falsa democracia, resultado de unas elecciones pantomímicas. La historia en Latinoamérica nos ha demostrado que, no importa si es de derecha o de izquierda, cuando un gobierno secuestra las instituciones del estado, maneja el sistema judicial a su antojo, mueve los hijos de las elecciones, los que terminan sufriendo son los más pobres.
Por eso, las voces de la procuradora para la defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, como las del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, resuenan como gotas del agua en el desierto advirtiendo del peligro de vulnerar la democracia en El Salvador y de que el Tribunal Supremo Electoral evite que Nayib Bukele participe en las elecciones presidenciales con el partido Cambio Democrático. «El Tribunal Supremo Electoral debe fallar a favor de la participación política. Que sea el pueblo soberano el que decida quién debe ser su Presidente”, decía la semana pasada de forma contunde Almagro, después de una reunión con Bukele.
Es vergonzoso que a estas alturas de la historia, un ente como OEA debe de pronunciarse preocupada por la falta de transparencia en la institucionalidad del país, especialmente cuando nuestra vecina Nicaragua atraviesa una crisis también. Es un retroceso de 40 años en la historia del país y eso no debe de permitirse nunca más. Decía la procuradora De Guevara de forma clara también, “nuestra principal función es evitar que se repita la historia de errores”, después de ser cuestionada y hasta amenazada de muerte por también pedir que se respete la participación de Bukele y de Cambio Democrático.
Pero las advertencia del Secretario de la OEA y de la procuradora de Derechos Humanos no son infundados. La derecha ya ha secuestrado con total impunidad a las instituciones en el país, en un largo rosario de violaciones a los derechos humanos y de atropellos a la democracia.
Durante más de una década, la derecha secuestró a la Fiscalía General de la República y al sistema judicial e impidió que se realizara una investigación seria del principal asesinato en El Salvador: el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tan graves fueron las omisiones, la destrucción de pruebas, el blindaje a los acusados, que hasta en la fecha nadie ha enfrentado la justicia en nuestra país por este horrendo crimen.
A eso, se suma el asesinato de los jesuitas en 1989. Donde igual, la derecha secuestró nuevamente a la Fiscalía y al sistema judicial, a la Fuerza Armada, y sólo la presión internacional y la Comisión de la Verdad intentaron sacar del fango la verdad. Kathya Miranda, una inocente niña de 9 años que fue violada y asesinada, es también una muestra de que, cuando se activan los mecanismos de la podredumbre, es difícil luchar contra la institucionalidad corrompida.
Por eso, que se impida la participación de Nayib Bukele y del CD no es un derrota para ellos, es una derrota para el país y un tiro de gracia a nuestra frágil democracia.
