Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que El Salvador es el segundo país en tener un alto índice de gastos relacionados con el tema de la violencia, el primer lugar se lo agencia otro país Centroamericano: Honduras.
Debido a que -según el documento denominado “Los costos del crimen y de la violencia”- hay otros países de la región Latinoamericana y del Caribe que se encuentran con el gasto en la temática (Uruguay, Bahamas, Jamaica, Brasil, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Ecuador, Paragua, Colombia Argentina, Guatemala, Chile, Perú, Barbados y México) el BID concluye que América Latina y el Caribe pagan el doble por el crimen que las regiones desarrolladas.
La violencia le cuesta a la región un mínimo de un 3,5% de su Producto Interior Bruto, sobre todo en gastos directos, como seguridad, prisiones y justicia. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la inversión generada en la edificación del Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, en el departamento de Sonsonate, mismo que fue finalizado el pasado 21 de febrero.
Ese día, la Dirección General de Centro Penales (DGCP) salvadoreña informó que la fase III cuenta con tres módulos con capacidad de albergar a 2,016 privados de libertad.
El BID también tiene en cuenta algunos gastos indirectos, como la productividad perdida por las muertes y los encarcelamientos. Este coste relativo es el doble que el de los países desarrollados, según el estudio.
El 18 de enero de este 2017, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el presupuesto de la nación, en el que gran parte del dinero se distribuyó entre las instituciones de seguridad, como en el ramo de la Defensa Nacional $141,346,110; ramo de Justicia y Seguridad Pública $433,917,871; y para la Fiscalía General de la República (FGR) se destinó $69,386,360.
Los robos violentos y el hacinamiento en prisiones
En la región se estima que seis de cada 10 robos se cometen con violencia y el 90% de los asesinatos quedan sin resolver. Las prisiones también se han convertido en las más abarrotadas del planeta.
El año pasado, el experto británico Andrew Coyle, consejero en materia de prisiones para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que El Salvador se posicionó en el cuarto lugar a nivel mundial de los países que tienen las tasas más altas de sobrepoblación en los centros de reclusión.
En esa ocasión, en las prisiones había 7,500 personas condenadas o esperando ser sentenciadas. Actualmente, esa cifra ha aumentado y sobrepasa los 35 mil reclusos.
El estudio divide los costos en tres grandes capítulos. El primero es el social, que incluye tanto la productividad perdida por presos y víctimas mortales como el descenso de la calidad de vida por delitos violentos. Todo esto suma el 0,64% del PIB. El segundo, el gasto privado en seguridad por empresas y hogares para prevenir la violencia, asciende al: 1,37%. Por último, la inversión pública en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones: 1,51%.
Honduras y El Salvador, líderes en violencia
Honduras y El Salvador lideran la clasificación con más de un 6% de su PIB perdido por la violencia, casi el doble de la media regional. Son cifras que se corresponden con la tremenda violencia en Centroamérica, donde la tasa de asesinatos es de 60 por cada 100.000 habitantes, 20 veces superior, por ejemplo, que en Chile.
Las cifras muestran también el perfil de las víctimas y victimarios. En el triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), la mitad de los fallecidos son hombres de entre 15 y 30 años, fruto de la delincuencia organizada, que muchas veces está relacionada con el narcotráfico, pero no siempre: también hay conflictos territoriales y políticos que la explican. “Perder una masa tan grande de jóvenes por la violencia es muy preocupante para el futuro”, asegura la autora del estudio, que también analiza el coste de los feminicidios: el doble que en los países desarrollados.
