El Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD), acosado por los ciudadanos descontentos, por la oposición y presionado por los organismos judiciales rumanos, anunció este sábado que retirará la medida que eliminaba las penas de cárcel para aquellos corruptos que hubieran causado un perjuicio inferior a 200 000 lei (44 000 euros).
“Es una vergüenza, tenemos un Gobierno de corruptos que ampara a otros corruptos y que perpetúa un sistema que perjudica al ciudadano”, critica Madalina Matei, desde la plaza Victoria de la capital. Esta funcionaria rumana de 32 años es una de los decenas de miles de rumanos que, indignados, lleva varios días manifestándose en las calles contra un decreto, anunciado veladamente y aprobado de manera prácticamente sorpresiva el pasado jueves.
Uno de los beneficiados de la anulación del decreto es el líder del PSD, Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción con daños estimados en 24 000 euros, quien no había podido ocupar el sillón de primer ministro precisamente por estar imputado en un delito de corrupción.
“No quiero dividir Rumania”, ha declarado el primer ministro Sorin Grindeanu, que ha asegurado en un discurso televisado que su Gabinete se reunirá mañana de urgencia para hallar una fórmula para derogar la medida.
