Mauricio, un inmigrante hondureño que lleva cuatro décadas en Estados Unidos, cuenta con residencia permanente.
Sin embargo este hispano de 62 años podría ser deportado en cualquier momento debido a las dos veces que accedió a una estación de tren subterráneo en Nueva York sin pagar y fue detenido. «Yo vivía en la calle, yo dormía en el metro», explicó el hispano, que prefirió no dar su apellido por temor a repercusiones migratorias. «Pagué mi multa, pagué con cinco días de cárcel, pagué con todo».
Políticos demócratas y activistas están intentando ayudar a más de 100.000 personas como Mauricio, que residen legalmente en Estados Unidos pero que cometieron una infracción en el pasado y ahora podrían estar expuestas a la deportación por parte del gobierno de Donald Trump.
Los grupos, aproximadamente 100 en todo el país, firmaron una carta el mes pasado pidiendo al presidente Barack Obama que emita un indulto para este tipo de inmigrantes.
Esta semana, una treintena de congresistas demócratas envió otra misiva al gobierno pidiendo lo mismo y señalando que muchos de estos inmigrantes cometieron la infracción hace décadas y que su expulsión del país podría tener consecuencias devastadoras para sus hijos o parejas.
«No podemos permitir que familias en estas circunstancias sean separadas y el presidente Obama podría, con tan sólo una firma, ofrecer a estos individuos una garantía de seguridad», declaró en un mensaje enviado a The Associated Press una de los congresistas, Nydia Velázquez, que representa a Nueva York en la cámara baja.
Los congresistas y activistas aseguran que este pequeño grupo de inmigrantes es uno de los más vulnerables, ya que el gobierno sabe quiénes son y dónde viven, a diferencia de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Trump, quien tomará posesión de su cargo como presidente el 20 de enero, centró gran parte de su campaña electoral alrededor del tema de la inmigración, proponiendo la creación de un muro en la frontera con México. Tras ganar las elecciones en noviembre, dijo que se enfocaría en la deportación de inmigrantes que tengan un historial criminal.
El indulto que piden los congresistas y los defensores de los inmigrantes no absolvería a estos extranjeros de los delitos que cometieron pero eliminaría la infracción civil migratoria que se activa cuando extranjeros que no son ciudadanos estadounidenses infringen la ley.
Portavoces de Obama no respondieron mensajes de The Associated Press pero cuando han sido preguntados por la agencia sobre indultos similares a inmigrantes los voceros han respondido que no pueden comentar sobre las posibilidades de que un indulto en específico sea otorgado.
«El presidente se toma muy en serio el poder de clemencia», han agregado.
Entre estos 200.000 inmigrantes hay personas que cometieron algún robo, que fueron detenidas por tener pequeñas cantidades de marihuana o que no pagaron el transporte público, entre otros delitos. Mauricio, el inmigrante hondureño, está siendo asesorado por el grupo Northern Manhattan Coalition of Immigrant Rights.
El gobierno de Obama ha deportado a más de dos millones de extranjeros en sus ocho años en la Casa Blanca y fue descrito como «deportador en jefe» por defensores de los derechos de los inmigrantes cuando en 2012 expulsó a una cifra récord de más de 409.000 personas. La cifra se ha reducido en los últimos dos años, después de que el presidente dijera que se enfocaría en deportar a personas que han cometido crímenes graves y no a familias.
Activistas de los grupos Center for Popular Democracy, Make the Road New York y el National Day Laborers Organizing Network son los que dirigen la campaña en defensa de inmigrantes que viven legalmente en el país pero que cuentan con delitos menores.
