Los abogados Salvador Enrique Ayala y Roberto Burgos Viale reconocidos como usuales demandantes de inconstitucionalidades ante la Sala de lo Constitucional, solicitaron a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los procesos de amparo promovidos por el Estado contra sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La CSJ decidió no entregarle la información solicitada sobre los procesos y tampoco la información estaba en la lista de reservas establecidas por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El 15 de junio de 2016 la UAIP de la Corte se declaró incompetente y que no le correspondía.
Los demandantes recurrieron ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por la negativa de la Corte Suprema a dar la información y el 20 de septiembre de 2016 el IAIP resolvió que el órgano Judicial debía entregar la información, recurso al que volvió a negarse la CSJ.
Ante esto, el 25 de octubre pasado, la UAIP de la Corte por orden de la Sala de lo Constitucional respondió a través de un memorándum que no se daría la información porque “se estaría contraviniendo (obrar en contra de lo que está mandado) la jurisprudencia constitucional” y según la Corte la información requerida es “de carácter jurisdiccional”.
Los abogados objetaron que la respuesta se la diera una secretaría y a través del mencionado memorándum.
“Lo que está haciendo dicha Sala es crear en otras decisiones judiciales sus propios precedentes judiciales para después sustentar su desobediencia e incumplimiento de órdenes de otros entes estatales (…) y está dando pasos agigantados hacia la involución o retrocesos” sobre el acceso a la información pública, llegando a “extremos inauditos” expresó el jurista Ayala.
