El viejo manual de hacer política de ARENA y el FMLN sigue poniéndose en práctica, está vez, como era de esperar, para atacar al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, utilizando el marco jurídico constitucional para sus propios intereses.
Ambos partidos, han coordinado sus ataques a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue lo sucedido el pasado 9 de febrero en la Asamblea Legislativa, por el despliegue de seguridad que se llevó acabo ese día, en donde no hubo ni un acto de violencia.
«Los enemigos durante 30 años», se han empeñado en utilizar los mecanismos jurídicos y diplomáticos para su propio beneficio; sin embargo, no es así cuando se trata de proteger la vida del pueblo salvadoreño. Llevan años sin aprobar una Ley General de Agua, ley de pensiones, entre otras.
Pero si saltaron cuando revelaron que miembros de ambos partidos negociaron con grupos criminales a cambio de favores electorales. Hasta la fecha, no han ni siquiera pedido perdón, y sólo se han enfocado en que son ataques políticos y que respaldan a los implicados en el caso.
En otros países dichas acciones significarían cárcel para los negociadores con criminales; cancelación de partidos políticos y desafuero para los diputados vinculados. Pero en El Salvador no ha sucedido nada y, al parecer, no sucederá nada trascendental.
