Como era de esperar los diputados de la Asamblea Legislativa se descargan de su responsabilidad y le mandarán, contra el tiempo, la Ley de Reconciliación Nacional al Presidente, Nayib Bukele, para que la sancione en menos de 24 horas.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional la Ley de Amnistía promulgada en 1993, tras determinar que evitaba que los responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado fueran llevados ante la justicia, y ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar una nueva ley.
A pesar de ello, los diputados hicieron caso omiso y este 28 de febrero vence la segunda prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional para aprobar la nueva legislación. Cabe mencionar que en noviembre pasado, antes de vencer la primera prórroga, un magistrado del máximo tribunal dijo que podrían sancionar al Congreso por no cumplir con la orden aunque no especificó en qué consistiría la sanción.
Los parlamentarios entregaron la iniciativa de ley a tres días de finalizar el plazo dado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ley que ha generado rechazo por varios defensores de las víctimas del conflicto armado ya que protege la impunidad de los que cometieron crímenes de lesa humanidad y fue hecha a espaldas de las organizaciones; además no cumple con los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños causados.
Dicha iniciativa de ley deja en evidencia que los partidos tradicionales siguen velando por sus intereses; y de aprobarse dejaría en la impunidad todos los hechos cometidos en contra de las víctimas durante el conflicto armado.
