De acuerdo con la explicación de la abogada Tahnya Pastor, algunos funcionarios de la actual Asamblea Legislativa podrían ser acusados por los delitos de estafa, falsedad ideológica y negociaciones ilícitas por encubrir más de 1,000 plazas fantasmas en ese órgano de Estado.
«Estos contratos son falsos, contienen una voluntad viciada y quizá es un contrato criminal, es decir, es un medio utilizado para un fin de defraudar al erario público», explicó la abogada.
Asimismo, agregó que otro de los delitos que podrían enfrentar los diputados es de la omisión de aviso, ya que no solo los jefes de fracción o la junta directiva del congreso tienen conocimiento de las plazas fantasmas, sino también el resto de los funcionarios.
«El artículo 312 del código penal establece que el funcionario que tenga conocimiento que se ha cometido un hecho delictivo tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y es ridículo la pena que se le impone a los funcionarios que no cumplen con su deber de informar a las autoridades», expresó Tahnya Pastor.
