El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó esta tarde ante la comisión «antifachada» de la Asamblea Legislativa, que la anterior legislatura recortó $264 millones del Presupuesto General de la Nación 2021, para financiar oenegés que mantenían vínculos con partidos políticos.
Aseguró que dicha asignación de fondos no contó con respaldos legales y que se ordenaban sin consultar al Ministerio de Hacienda. Hasta la fecha, la comisión especial ha detectado que 360 ONG recibieron más de $270 millones en los últimos cinco años, y los legisladores busca identificar cuáles de estas organizaciones no han desempeñado una labor social con el objetivo de que reintegren el dinero al Estado y los responsables enfrenten la justicia.
«Estas ONG se formaron como mecanismo de financiamiento de campañas políticas. No hemos encontrado ninguna base legal para que las anteriores Asambleas y las anteriores Comisiones de Hacienda entregaran fondos a las ONG. No hubo ninguna consulta, no hubo un intercambio de opiniones. Incluso, yo le pregunté a la diputada Margarita Escobar (de ARENA) por qué no me llamaban a la Comisión de Hacienda y ella, entre risas, me dijo: ¿para qué?», sostuvo el ministro Zelaya.
Sin embargo, matizó que hay algunas fundaciones u organizaciones que sí realizan una función social, entre ellas las que se dedican a brindar auxilio a la población, como Cruz Verde y Comandos de Salvamento. También las que velan por el cuidado y bienestar de las personas de la tercera edad.
El funcionario fue citado por los legisladores para que les expusiera cuál es el proceso que se sigue para elaborar el Presupuesto General de la Nación y les explicara cómo se establecen los montos de dinero que se les asignarán a las ONG y a las fundaciones.
Zelaya declaró que, en la gestión anterior, los diputados de la Comisión de Hacienda avalaban los dictámenes de presupuestos solo si estaban incluidos, de forma ilegal, los fondos para sus ONG. También detalló que para poder incorporarle recursos a dichas entidades, los exlegisladores le reducían dinero a los proyectos de diferentes instituciones del Gobierno como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) o el Ministerio de Educación.
