El diputado Rodrígo Ávila anticipa consecuencias negativas en caso que se den deportaciones masivas de salvadoreños que viven ilegales en Estados Unidos y que podrían tener vínculos con las pandillas. Una de ellas sería el aumento de la criminalidad, explicó a Última Hora SV.
El legislador explicó que para prevenir y combatir el problema, en caso de que se concrete la intención del Presidente Donald Trump, de deportar a quienes tengan antecedentes penales, se debe elaborar un registro de todos, para tener por lo menos alguna información sobre sus lugares de residencia, debido a que lo más seguro es que vendrán a engrosar las pandillas.
“Por eso creo que es bien importante la propuestas de nosotros, del registro nacional de grupos criminales organizados, las pandillas y sus colaboradores, siendo que las pandillas son considerados grupos criminales transnacionales”, dijo.
Ávila recordó que en el 2006, los índices de delincuencia, especialmente la extorsión aumentó desproporcionadamente, cuando las autoridades estadounidenses cambiaron su política migratoria y comenzaron a deportar a muchos salvadoreños que habían delinquido y que estaban presos allá.
“En un mes venían dos aviones cargados de gente, y llegamos a tener aquí que el 60 y pico por ciento de las personas que venían en los aviones, venían y con record criminal y no había manera de controlarlos”, explicó el diputado arenero.
“Aquí hubo un incremento bestial de la delincuencia y sobre todo de la extorsión cuando pasó eso. Entonces que pasa ahora, si nos transportamos al 2006 y vemos qué fue lo que sucedió, corre peligro de que vuelva a suceder lo mismo y nosotros tendríamos que estar mínimamente preparados por si eso pasa”, reiteró.
Para Ávila, antes de cualquier medida de contención, lo importante es identificar los sujetos del problema, es decir los deportados que vengan con antecedentes criminales y que estén vinculados a las pandillas.
El legislador recordó que a pesar de que existe una ley de proscripción de pandillas, no se aplica, porque básicamente queda al libre albedrío de la sana crítica judicial definir quién es o no es pandillero.
“Al final no tenemos un mecanismo legal, que permita que a una persona a través de un proceso legal justo, equilibrado, se le vincule con una de estas estructuras criminales, tenemos una resolución de la corte que dice que los pandilleros son terroristas, sin embargo no tenemos un instrumento que pueda legalmente permitirle a alguna autoridad que a una persona la vincule con estas estructuras criminales”, enfatizó
Para Ávila la conformación de ese registro tiene que pasar por un proceso de formación de ley, con todas las reformas legales pertinentes, para evitar que el aumento de la criminalidad se salga más del control de las autoridades de seguridad pública.
