Denuncias por crímenes de guerra podrían detener aspiraciones presidenciales en el FMLN

Por Redacción UH

Los señalamientos que podrían frenar las aspiraciones políticas de altos dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no terminan. Esta vez, una demanda presentada por el abogado Fernán Camilo Álvarez Consuegra ante la Fiscalía General de la República (FGR) es sustentada por una lista de 107 nombres de involucrados en crímenes cometidos en la “ofensiva final”.

Entre los nombres figuran el Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Óscar Ortíz, 14 diputados entre ellos tres del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), cinco ministros, cuatro secretarios de la Presidencia, y otros funcionarios de la actual gestión gubernamental.

Según una publicación de El Diario de Hoy, entre los hechos denunciados por el jurista destacan el ingreso de la exguerrilla salvadoreña a la colonia Escalón, la toma del hotel Sheraton, y los ataques a cuarteles, destacamentos militares y brigadas en varios puntos del territorio nacional.

La lista incluye los nombres de 11 diputados por el FMLN en la Asamblea, entre ellos Lorena Peña, Norma Guevara y Nidia Díaz.

Entre los titulares que podrían ser investigados están el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez; la ministra de Salud, Violeta Menjívar; el de Obras Públicas, Gerson Martínez; el de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el el de Gobernación, Arístides Valencia;

También los secretarios de la Presidencia: Roberto Lorenzana, Eugenio Chicas, José Manuel Melgar Henríquez y Marcos Rodríguez. Figuran también el director de la corporación policial, Howard Cotto; el titular de Centros Penales, Marco Tulio Lima; y el director de Protección Civil, Jorge Meléndez.

A la lista se suman Sigfrido Reyes y  José Luis Merino, ambos funcionario en esta gestión y  que ya antes han sido señalados por posible hechos de corrupción.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, con la que se exoneraba a militares y exguerrilleros de ser investigados por delitos cometidos en la guerra. Con la medida, es posible abrir el caso.