Las noticias sobre la corrupción generalizada que sufre nuestro país han sido la nota diaria en todos los medios de comunicación. No cabe ninguna duda que el rol de la Fiscalía General de la República con el apoyo del organismo auxiliar, la Policía nacional Civil y el trabajo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia han sido fundamentales en toda esta coyuntura.
Por primera vez están funcionando las instituciones responsables de garantizar la probidad y el manejo honesto de los recursos públicos. Esto es altamente positivo. Este esfuerzo debe continuar con la seriedad que la situación amerita, con la responsabilidad en el manejo de cada caso, buscando en todo momento las evidencias que permitan judicializar cada situación y tener éxito.
Los medios de comunicación han ofrecido abundante cobertura a cada hecho y esto es bueno, pues se rompe con los esquemas de ocultamiento que existían en el pasado reciente. En estos casos es necesario tomar en cuenta que una cosa es una noticia sobre un acto de corrupción y otra es la labor de las instituciones encargadas de la investigación de estos delitos.
Tanto los ciudadanos como los diversos sectores que conforman nuestra sociedad deben saber diferenciar entre un hecho mediático y un hecho que se judicializa en un tribunal. Son dos cosas diferentes. No saber establecer esta diferencia puede conllevar a cometer actos ilegales, se puede atentar contra la seguridad jurídica, los debidos procesos y crear en general un clima de inseguridad que podría llegar a atentar contra el desarrollo del país y las posibilidades de obtener inversión.
Es comprensible que el sistema bancario sea más cuidadoso en su labor. Hay leyes y reglamentos que regulan la actividad de este importante sector de la economía y ahora es cuando deben ser cuidadosos en su cumplimiento. Esto implica acatar las disposiciones y en ningún momento abusar o realizar acciones arbitrarias que dañen a terceros.
El sistema bancario del país no puede congelar o cancelar cuentas bancarias con discrecionalidad y sin base legal. Debe acatar las disposiciones judiciales en los casos de personas que están enfrentando procesos judiciales.
En el caso que se sigue contra el expresidente Saca y otros altos ex funcionarios de su gobierno, el Juzgado Cuarto de Paz autorizó el uso de diversas cuentas bancarias propiedad del Grupo Radial SAMIX para poder cancelar los salarios de los trabajadores y pagar a los proveedores. Esta ha sido una decisión positiva pues no se puede atentar contra los derechos de los trabajadores y de los proveedores. Esta decisión contribuye a generar seguridad jurídica y es una muestra de la madurez que está alcanzando la institución de justicia.
Lamentablemente hay algunos casos de decisiones discrecionales e inexplicables de algunos bancos, de congelar cuentas de empresas ligadas a personas, que si bien están siendo investigadas, no se ha iniciado acusación formal contra ellas, ni existe orden judicial al respecto. Señalo lo anterior pues he conversado con varios trabajadores de empresas ligadas a Miguel Menéndez, conocido como MECAFE y además he escuchado con atención las declaraciones públicas de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos al respecto, quienes manifiestan mucha preocupación sobre su futuro laboral inmediato como consecuencia de congelamiento de cuentas bancarias, que según me comentan, han sido efectuadas sin que medie orden o proceso judicial alguno.
Los trabajadores manifiestan, que temen perder su empleo, temen que no se les puedan pagar sus salarios ni el aguinaldo de fin de año. Estamos hablando de unos 7,000 empleados, que representan igual número de familias humildes, que viven la incertidumbre, no solo sobre su futuro inmediato, también sienten el peligro de la inestabilidad laboral que esta situación conlleva. Como puede observarse es una situación diametralmente opuesta a la resolución del caso de las empresas SAMIX.
Como ya lo anotaba antes, la situación de mayor rigor del sistema financiero es comprensible, pero debe ser siempre en el marco de la ley. Los bancos administran dinero de los particulares y los depositantes deben tener la seguridad que sus recursos están disponibles cuando los requieran, salvo que medie orden judicial al respecto.
Solo me resta esperar que esta situación se aclare, que el imperio de la ley se imponga y que los trabajadores, que son inocentes de cualquier sospecha, puedan tener una navidad tranquilos, con lo que por ley les corresponde y con sus puestos de trabajo asegurados.
