El 20 de diciembre de 2012, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, inauguró el Palacio Municipal de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Una obra pública que tuvo un costo de $5.5 millones, misma que fue financiada con dinero proveniente de la titularización de la Bolsa de Valores, de fondos de la comuna y del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de las Municipalidades (FODES).
Hoy, los miembros de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) cuestionan el costo de la construcción del Palacio Municipal y la razón del porqué la funcionaria no ha hecho público, a través de su equipo de trabajo, los gastos de los fondos utilizados a lo largo de sus nueve periodos al frente de la comuna, desde que inició el 1.º de mayo de 1988, bajo la bandera de ARENA.
“La cantidad de dinero que ingresa en Antiguo Cuscatlán es sumamente importante y la alcaldesa ha estado en un ambiente de confort, en donde nunca se le ha auditado de manera social y hoy que ya se comienza con esa acción aparecen las deficiencias y la posible mala administración de los recursos”, dijo el director del ISD, Ramón Villalta.
El ISD realizó un estudio de 26 municipalidades, en donde una calificación que comprende de cero a diez puntos -siendo el cero la nota de la comuna que menos cumple con sus obligaciones de transparencia- la municipalidad de Navas resultó con un puntaje de 4.99 en nivel de transparencia de los usos de recursos públicos.
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“Al no brindar información que se apegue a la Ley de Acceso a la Información Pública hace que la población tenga un desconocimiento de cómo se están administrando los fondos”, indicó Villalta, a la vez que comentó que en la construcción del Palacio Municipal hay una evidencia de que existe una diferencia entre el costo presupuestado inicial y el costo presupuestado final (en su construcción).
“Esa diferencia, según tenemos entendido, ronda un millón de dólares adicional en el costo de una obra pública”, comentó Villalta. “Hay una responsabilidad política, pública por parte de la alcaldesa y de su concejo municipal de tener que rendir cuentas para saber cómo se administró el dinero, en qué se invirtió el monto del millón de dólares”, agregó.
“Con ese millón de dólares perfectamente se hubieran atendido otras necesidades. No hace falta tener edificios con demasiados lujos. No se puede estar haciendo obras suntuarias cuando estamos viviendo una crisis fiscal a nivel nacional”, opinó el miembro del ISD.
Villalta indicó que ahora hay una obligación de rendir cuentas, la obligación de brindar información sobre la manera en cómo se toman las decisiones y la administración de recursos.
La Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) fue aprobada en marzo de 2011, entró en vigencia el 8 de abril 2011 para que las entidades públicas se prepararan y a partir del 8 de mayo 2012 entró en vigencia.
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