La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó hoy a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), adoptar medidas de protección para las víctimas de desplazamiento forzado interno debido a la presencia de pandillas.
La Sala admitió dos demandas de amparo de familias amenazadas por pandillas porque consideró que cumplen los requisitos, ya que dichas autoridades así como la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), no han procesado a los responsables de los delitos denunciados, ni han garantizado el retorno de los grupos familiares a sus hogares.
En sus demandas, las familias señalan vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, protección no jurisdiccional, libertad de circulación y propiedad.
La decisión de la sala se da a raíz que al menos 20 personas que pertenecían a una misma familia huyeron de la lotificación Brisas de Joya Grande, en Apopa, a causa de amenazas de pandilleros del barrio 18, facción revolucionarios, quienes lanzaron amenazas anoche, cuando la familia se reunió en un rezo para recordar a una familiar asesinada el año pasado.
