Información recopilada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), reveló que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó vencer el plazo para investigar los bienes de 76 exfuncionarios de instituciones del Estado durante 2019.
FUSADES a través de una solicitud de acceso a la información pública a Corte Suprema de Justicia, solicitaron la cantidad de los casos que prescribieron el año pasado, debido habían pasado 10 años sin que se llevara a cabo una auditoría o se pronunciara la Corte Plena.
Según el informe de la Corte, de estos 76 casos, nueve fueron finalizados pero no conocidos por la Corte Plena; 15 se encontraban en diferentes etapas de investigación, 49 se encontraban pendientes de ser auditados, tres fueron depurados; y otros dos más quedaron en la etapa de auditoría mientras falleció el funcionario investigado.
A finales de agosto, la CSJ informó que los casos prescritos podrían ser remitidos a la Fiscalía General de la República para que no queden impunes; sin embargo, solo un caso ha sido enviado al Ministerio Público.
