Cristosal ha optado por mover sus operaciones hacia Guatemala y Honduras, replicando el esquema de El Faro en Costa Rica. Este modelo les permite operar desde el extranjero y evitar el pago de impuestos en El Salvador.
La organización alega que busca «mantener su labor en derechos humanos y transparencia», pero esta estrategia refleja una maniobra para eludir responsabilidades fiscales y regulatorias dentro del país, ya que su accionar era financiado bajo la ingerencia de la fundación de George Soros.
Este cambio ocurre en medio del impulso de la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para garantizar que las oenegés trabajen realmente a favor del pueblo salvadoreño, y regular el financiamiento internacional al registrarse y pagar un impuesto del 30 %.
