Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobaron el dictamen de decreto para la creación de un registro público de violadores sexuales.
La lista contendrá los nombres y datos de las personas que han sido condenadas por abuso sexual y se mantendrán en el registro cuatro años más después de cumplir la pena. Asimismo serán inhabilitados de trabajar con niños y grupos vulnerables.
Las personas que aparezcan en el registro público perderán la autoridad parental, en caso de que los mismos padres hayan abusado de sus hijos.