Los trabajadores públicos de Costa Rica que se nieguen a vacunar contra el COVID-19 serán multados con un salario base de $738,17, equivalentes a ¢462.200, según estipula el artículo 378 de la Ley General de Salud, además, serán denunciados ante el Ministerio Público.
Así lo confirmó el gobierno costarricense ante la entrada en vigencia de la obligatoriedad de vacunación en el sector público a partir del 15 de octubre.
La medida también aplicará para los patronos del sector privado que así lo hayan establecido en sus reglamentos internos. El Ejecutivo lanzará una campaña en el sector para aclarar dudas sobre la aplicación de dosis.
Nota de referencia / Costa Rica multará si trabajadores públicos no se vacunan contra la COVID-19
