La Corte Suprema del Reino Unido, máxima instancia judicial británica, dictaminó este martes que el gobierno de la primera ministra Theresa May no puede activar el «Brexit», la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), sin consultar antes al Parlamento.
La Corte, por una mayoría de 8 magistrados contra 3, rechazó el recurso presentado por el gobierno contra un dictamen anterior del Tribunal Superior de Londres, que el pasado 3 de noviembre estableció que los parlamentarios debían ser consultados antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual inicia el proceso de negociaciones para la salida de la UE.
El Tribunal Superior había fallado en noviembre a favor de la empresaria Ginna Miller, quien en representación de un grupo de ciudadanos presentó un recurso ante la Justicia alegando que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes del Parlamento.
Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supone que los británicos perderán derechos adquiridos con la entrada del país en la Unión Europea en 1972, entonces Comunidad Económica Europea (CEE), y sólo el Parlamento puede retirar esos derechos.
El gobierno, por su parte, había afirmado en su apelación que podía activar el artículo 50 ejerciendo poderes ejecutivos denominados «prerrogativas reales», agregando que en Reino Unido el poder es ejercido de forma dual por el Parlamento y el Ejecutivo.
El gobierno también argumentó que el referendo del 23 de junio de 2016 le daba el mandato suficiente para negociar el Brexit sin una votación previa del Parlamento.
En dicha consulta, el 51,9 % de los participantes votó a favor de abandonar la UE, frente a 48,1% a favor de permanecer en el bloque.
