Como un hoyo negro, la corrupción se traga el alimento, la atención médica, la medicina y las mejoras que se harían a la educación de miles de pobres en El Salvador, pero que deja al Estado sin los recursos para enfrentar a las pandillas, el crimen organizado y de cuello blanco y que lo limitan de hacer obras de progreso social.
Datos presentados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), presentó recientemente un informe en el que aparecen 22 casos de corrupción que sumaron 550.9 millones de dólares que fueron repartidos entre funcionarios de diferentes gobiernos, incluyendo el de Mauricio Funes.
Otro de los escándalos de corrupción lo constituye el caso CEL-ENEL, del cual el analista político Geovani Galeas presentara recientemente su libro «CEL-ENEL: La gran estafa», que se refiere a una pérdida del país de almenos otros 500 millones de dólares.
Aunque fue Funes, quien se atrevió a sacar a luz los primeros casos emblemáticos de este flagelo, que han sido sometidos a la justicia; nunca imaginó que más adelante él también saldría salpicado por la misma podredumbre del sistema político y económico salvadoreño, que había denunciado y “combatido”.
Según el libro “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, el ICEFI destaca las anomalías en el exbulevar Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Romero), la hidroeléctrica El Chaparral y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y otros ocurridos durante los dos últimos gobiernos de ARENA.
Según la investigación, el 83 % de los $550.9 millones robados al Estado salvadoreño está relacionado al desvío de fondos de la partida secreta presidencial y a la ejecución de diferentes obras públicas.
Según el ICEFI, el desfalco equivale al 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2015. Su impacto económico negativo fue del 94 % del presupuesto de los ministerios de Salud o el 60 % del de Educación. Además, así como a 6.6 veces el presupuesto de la FGR y 1.25 veces el de Justicia y Seguridad Pública.
Todo salvadoreño, por humilde que sea, no debe ignorar la apropiación que el expresidente Francisco Flores hizo de 15 millones de dólares, donados por el gobierno de Taiwán para atender necesidades de vivienda de las familias que perdieron sus casas tras los terremotos del 2001 y que, en lugar de ello, fueron a parar a las arcas del partido ARENA para financiar parte de la campaña del candidato presidencial Elías Antonio Saca.
La población tampoco ignora que el expresidente Saca aún tiene un juicio pendiente por enriquecimiento ilícito, del que también son acusados tres de sus más cercanos colaboradores, Julio Rank, César Funes y Elmer Charlaix y otros dos empleados de menor rango de Casa Presidencial.
Las versiones periodísticas llegaron a establecer que en total, Saca y sus colaboradores habían desviado a sus cuentas individuales más de $240 millones de la partida secreta de Casa Presidencial.
Como si eso fuera poco, ahí está guardando prisión el titular de la FGR, Luis Martínez, también implicado en otro sonado caso de corrupción, esta vez de aceptar sobornos de un empresario dedicado al negocio del tratamiento de desechos sólidos y de uno de los funcionarios más allegados al expresidente Mauricio Funes, nos referimos al propietario del área de seguridad, Manuel Menéndez, más conocido como Mecafé.
De la mano con lo anterior, el expresidente Funes, ahora asilado en Nicaragua, fue encontrado culpable de apropiarse de más de 419 mil dólares junto a su hijo Diego Funes Cañas, ambos acusados de enriquecimiento ilícito.
Pero los casos no paran ahí, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, fue investigado por la compra de terrenos propiedad del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (ISPFA) por los que habría pagado poco más de 440 mil dólares y que luego vendiera al Órgano Legislativo a una suma muy superior.
Dos exministros de Obras Públicas, que comenzaron la construcción del exbulevar Diego de Olguín, ahora conocido como monseñor Óscar Arnulfo Romero, también estuvieron en las páginas de los principales rotativos del país por haber malversado parte de los fondos públicos utilizado en la obra.
Altos exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre ellos el expresidente, Guillermo Sol Bang y otros fueron juzgados civilmente por supuestamente haber fraguado la entrega de la mayoría de acciones de LaGeo, una de las empresas de la CEL al consorcio italiano ENEL.
Según estimaciones y notas periodísticas sobre este caso, El Estado de El Salvador habría perdido alrededor de 505 millones de dólares, por el pago de los litigios internacionales y las acciones en manos de ENEL y que CEL tuvo que desembolsar para recuperarlas.
En fin la corrupción sigue haciendo de las suyas en el pulgarcito de América, en donde el sistema de justicia y la Fiscalía General de la República todavía tienen mucho trabajo que hacer para detener este mal, que no deja que el bienestar llegue a los más necesitados de este país y que sigue siendo el privilegio de unos pocos.
