Por: Cecilia Rivera
La crisis ambiental por el uso de pesticidas que vive El Salvador desde hace años y que se refleja en el avance de la deforestación o la pérdida de biodiversidad, enfermedades crónicas y la calidad de los alimentos que consumimos, no ha sido un tema que le interese a los mismos de siempre.
Científicos y activistas coinciden en que los agudos problemas ambientales que enfrenta el país siempre han estado ausentes del compromiso político que merecen. El 2020 terminó y otra vez, temas menos relevantes, fueron los protagonistas del trabajo legislativo. Las políticas públicas no se encaminaron a la atención de esta crisis ambiental.
Y es que, realmente, es un tema que merece atención; pues la contaminación del suelo a menudo no puede percibirse ni evaluarse directamente, lo que lo convierte en un peligro oculto y latente, con graves consecuencias, entre ellas: la seguridad alimentaria, la fertilidad del suelo y sobre todo la salud de los agricultores y quienes viven en los alrededores.
Por supuesto que ¡sí!, el suelo contaminado con elementos peligrosos (por ejemplo, arsénico, plomo y cadmio), trae graves riesgos para la salud humana.
El potencial de los suelos para hacer frente a la contaminación es limitado; mientras que los daños a la salud son irreparables. Por esto, la prevención debería ser una prioridad en todo el mundo.
En el territorio he conocido casos graves de suelos altamente dañados y nuestros agricultores afectados, una realidad que simplemente ignoran los políticos que nos han representado hasta ahora, quienes se han comportado como títeres de las grandes corporaciones.
En junio 2020, Karla Flores y otras cuatro amas de casa de la Comunidad Buena Vista en Las Pilas, Chalatenango, fueron diagnosticadas con el mismo tipo de Enfermedad Renal Crónica (ERC) que ha afectado en los últimos años a agricultores de la zona costera del país. Ese diagnóstico inició un nuevo debate sobre las causas del padecimiento y demostró que este no era exclusivo ni de hombres ni de agricultores de caña de azúcar o algodón, ni de campesinos expuestos a temperaturas altas que producen una deshidratación severa o jornadas largas de trabajo como se ha creído. El único factor en el que coincidían las amas de casa con los agricultores enfermos es que ambos grupos viven en comunidades agrícolas donde se cultiva con agroquímicos.
Esta comunidad de 800 familias campesinas fue afectada por el riego aéreo con pesticidas en 209 hectáreas que circunda la zona, como lo atestiguó el Instituto de Previsión Social (IPS), durante un viaje al caserío.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), El Salvador encabeza las tasas de muertes por ERC a escala mundial. En el país se registran 51.8 muertes por cada 100 mil habitantes a causa de ERC (esta tasa, que data desde 2019, incluye a víctimas mortales de todos los padecimientos renales, como la diabetes y la insuficiencia provocada por la hipertensión; a estas se suma la insuficiencia renal llamada No Tradicional, cuyas causas, aun en investigación, apuntan al uso de agroquímicos).
Falta de políticas
De todo esto que expongo, no hemos escuchado nada de parte de los partidos políticos tradicionales, pero mi interés es ese, que haya modo de regular los agroquímicos para que no afecten nuestras vidas, la de nuestros agricultores, ni la de nuestros suelos.
Desde el PARLACEN buscaré la creación de políticas, programas y planes efectivos para detener la contaminación por pesticidas. Es momento de priorizar, dejar consignas estériles y trabajar de manera comprometida.
Es necesario crear un plan de trabajo basado desde los conocimientos técnicos, pero sobre todo desde el interés social y humano. Porque, la contaminación con pesticidas es una amenaza latente, que está acabando con la vida de nuestros suelos y la de nuestros agricultores.
