Miembros de organizaciones civiles emprendieron una campaña para exhibir a los diputados del noroccidental estado mexicano de Baja California que avalaron la Ley Estatal del Agua así como leyes municipales de ingresos con aumentos impositivos, colocando ratoneras gigantes frente a sus casas.
Al grito de “Estos son los Judas que traicionaron a los bajacalifornianos”, miembros del Congreso Nacional Ciudadano han colocado en días recientes letreros en las casas de los 15 diputados, en sus módulos de gestoría, en puentes y otros sitios públicos como el edificio del Poder legislativo, e instalaciones de medios de comunicación en Mexicali, la capital del estado.
Los integrantes del Congreso, que se identifican como Célula 686, han videograbado cada una de las acciones, incluido el incidente ocurrido en el puente López Mateos y Lázaro Cárdenas, donde varios patrulleros acudieron de inmediato a retirar los letreros de lona en que se califica a los legisladores de “Judas”.
En las imágenes se aprecia el momento en que, ante la presencia de los activistas y la grabación de lo ocurrido, los agentes deciden retirarse y no oponer resistencia cuando aquellos recuperan la lona que los policías ya habían decomisado y colocado en la caja de su camioneta patrulla.
En cada una de las casas de los diputados llegaron los activistas y colocaron lonas más chicas mientras les gritaban desde la calle que estaban despedidos por traicionar a los bajacalifornianos, y les dejaron ratoneras gigantes con el lema “Trampa. Rata de dos patas”.
Los vídeos, difundidos en redes sociales, han alcanzado decenas de miles de visitas, así como solicitudes ciudadanas para sumarse al movimiento.
Célula 686, cuyo número corresponde a la clave telefónica de Mexicali, tiene incluso un programa de radio que transmite vía YouTube, y desde este foro han convocado a los residentes a actuar para no dejar impune lo que han calificado de acto de traición.
Los diputados denunciados aprobaron la Ley Estatal del Agua el pasado 19 de diciembre en una sesión legislativa de 12 horas, interrumpida en varias ocasiones por trabajadores sindicalizados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que se sienten amenazados por dicha norma.
