A través de su abogado, José Adán Salazar Umaña “Chepe Diablo”, empresario salvadoreño procesado por lavado de dinero, pidió a la Dirección General de Centro Penales (DGCP) no enviarlo al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, conocido como Zacatraz.
La petición del imputado es una respuesta a las declaraciones que el director de la DGCP, Rodil Hernández, dio a la prensa al revelar que ya había informado al juez del caso que el empresario cumpliría prisión provisional en dicha cárcel.
De acuerdo a la defensa de “Chepe Diablo”, el delito por el cual es acusado su cliente es de naturaleza económica, por una presunta evasión tributaria, ilícitos que según el profesional del derecho se desmarcan de cualquier manifestación de violencia o peligrosidad social que motive el ingreso a Zacatraz.
Además, el abogado afirmó que Salazar Umaña ha tenido un comportamiento ejemplar y no ha mostrado una actitud agresiva ni alterado el orden durante su instancia interina en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
“La peligrosidad de un privado de libertad no puede presumirse legalmente por el tipo de delito imputado y sin una comprobación individualizada y concreta del tipo de riesgo que justificaría el ingreso a un centro de máxima seguridad”, dice el documento que presentó el jurista.
De concretarse el traslado a Zacatraz, se estaría incurriendo en una desproporcionalidad y constituirse como una medida arbitraria, señaló en su escrito.
Asimismo, los defensores de las mujeres procesadas por el caso, Sara Martínez Bojórquez y Susana Noemí Salazar de Cruz, pidieron no ser trasladadas a Cárcel de Mujeres, en Ilopango, porque consideran que su integridad física corre peligro, luego que han sido calificadas ante la opinión pública como “millonarias”. En cambio, solicitan permanecer en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la PNC.
Salazar Umaña, su hija Salazar de Cruz, su exesposa Martínez Bojórquez, y nueve personas más son acusados de pertenecer a una red de lavado de dinero que habría blanqueado cerca de $215 millones.
